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El eterno problema de la legislación sobre internamiento involuntario

Con la legislación sobre el internamiento involuntario parece que los problemas legales se vuelven a repetir como hace décadas.
Recientemente, y como hemos comentado en entradas anteriores, el Tribunal Constitucional (TC) acaba de declarar inconstitucional el artículo 763 de la Ley de Enjuiciamiento Civil (LEC) en una sentencia publicada el 5-1-2011 en el BOE. La razón no ha sido de contenido sino formal: al tratarse de una cuestión relativa a derechos fundamentales es preciso que esté regulado por una ley orgánica y no por una ley ordinaria, como fue el caso de la LEC. Al poco tiempo de haber sido promulgada la LEC, un juzgado de La Coruña presentó una cuestión de inconstitucionalidad ante el TC. Este organismo, con la celeridad que le caracteriza, ha tardado 9 años en resolver el caso, y viene a decir lo que es obvio: que el juez que planteó la cuestión tiene razón y que así no se hacen las cosas.
La LEC se aprobó en la segunda legislatura del gobierno de Aznar y hubo un gran consenso, hasta el punto que votaron a favor más de 300 diputados, y hubo sólo dos votos en contra. Es decir, no hubiera habido ningún problema para conseguir los tres quintos necesarios para que se apruebe como Ley Orgánica.
Por lo visto, a nadie de los técnicos que revisan los proyectos de ley se le ocurrió que la LEC tenía que ser aprobada como ley orgánica. Es sorprendente que nadie en el Ministerio de Justicia, en los Letrados del Congreso, o en los innumerables asesores de los diferentes grupos políticos, se diera cuenta de que la LEC tenía que ser ley orgánica.
La respuesta del TC es sorprendente  ya que reconoce la inconstitucionalidad pero dice que no la anula, es decir, que sigue en vigor. Con toda la razón, el TC reconoce que si dejara de estar en vigor volveríamos a tener un caos en la práctica judicial y en la psiquiátrica, al no disponer de un marco jurídico que respalde el internamiento involuntario.
Estos líos no son nuevos ya que durante la transición se produjo una situación similar. En el verano 1931 el gobierno de la Segunda República aprobó una normativa que regulaba en internamiento involuntario de enfermos mentales sin un control judicial, únicamente había un control gubernativo. Durante la dictadura de Franco esta norma continuó en vigor, y también siguió durante un tiempo en la democracia.
Cuando se aprobó la Constitución en Diciembre de 1978 se produjo una situación contradictoria: la norma de 1931 era claramente inconstitucional, ya     que permitía el internamiento involuntario, sin que interviniera el poder judicial. En esta situación estuvimos hasta Octubre de 1983 en que se reformó el Código Civil y se estableció como obligatorio que en todo internamiento involuntario se informara a la autoridad judicial para que lo ratificara o revocara.
En todo este tiempo de confusión algunos jueces afirmaron que todos los internamientos involuntarios eran inconstitucionales, por lo que no deberían realizarse hospitalizaciones involuntarias en tanto no hubiera una norma que las respaldase. Eran otros tiempos, España entraba en democracia, y no se tenía mucha experiencia de los mecanismos garantistas de los derechos de los enfermos mentales. Salvo incidentes puntuales prevaleció la sensatez y se siguieron realizando internamientos involuntarios sin mayor problema.
Ahora la situación es bien distinta: llevamos treinta y cinco años de democracia, y vivimos en un país de los más avanzados en los derechos fundamentales de los ciudadanos. Nuestros políticos ya tienen experiencia y todo parecía ir bien, y la maquinaria no chirriaba. Sin embargo, un día nos despertamos con que la normativa que regula el internamiento involuntario es inconstitucional. Pero esta vez no se trata de una cuestión ideológica, o de que estemos en la transición. Se trata pura y simplemente de torpeza legislativa. Un juez que conozco y que tiene muchos años de experiencia me dijo una vez que en España tenemos un problema con el legislador ya que cambia las leyes continuamente, y suele entrar en frecuentes contradicciones. Cuanta razón tiene: y además es torpe, como acabamos de constatar con la legislación de internamiento involuntario.
( 1 comments )
  1. El legislador (políticos) ya tienen bastante trabajo cambiando las leyes según los lobies, los bancos, las corporaciones, y las encuestas de voto les dicten. Además tienen un montón de trabajo fijándose en cada Cámara sus sueldos y pensiones, dietas y compatabilizando pensiones y demás sobresueldos para poder llegar a fin de mes como cada españolito. Además tienen mucho trabajo colocando como directores generales y demás altos cargos a los miembros de sus partidos y familiares. Y algunos incluso tienen, los pobres, que hacer horas extras sacándose propinas aceptando sobornos, cohechos y demás formas de corrupción. Me pregunto cuando en los hospitales van a instaurar un régimen democrático en el que las decisioes a tomar sobre los diagnósticos y tratamiento de los pacientes se establezcan por votación democrática de todos los médicos de cada hospital.

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